Durante 18 años, un pagador de impuestos sufrió el remate de tres propiedades y el embargo de seis bienes inmuebles y tres terrenos. Sin embargo, a pesar de ello, aún adeudaba más de tres millones 484 mil pesos cuando acudió por primera vez a Prodecon; cifra que era siete veces superior al primer crédito fiscal que había ofrecido pagar.
En su Recomendación 19/2012, Prodecon estimó que la autoridad violó los derechos fundamentales del gobernado, consistentes en legalidad, debido proceso, seguridad, certeza jurídica, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, tutelados en la Constitución y en tratados internacionales; lo que incluso había motivado que la Procuraduría planteara acudir con este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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