Durante 18 años, un pagador de impuestos sufrió el remate de tres propiedades y el embargo de seis bienes inmuebles y tres terrenos. Sin embargo, a pesar de ello, aún adeudaba más de tres millones 484 mil pesos cuando acudió por primera vez a Prodecon; cifra que era siete veces superior al primer crédito fiscal que había ofrecido pagar.
En su Recomendación 19/2012, Prodecon estimó que la autoridad violó los derechos fundamentales del gobernado, consistentes en legalidad, debido proceso, seguridad, certeza jurídica, capacidad contributiva y no confiscatoriedad, tutelados en la Constitución y en tratados internacionales; lo que incluso había motivado que la Procuraduría planteara acudir con este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), como organismo especializado en materia tributaria, se pronunció el 02 de abril de 2013 porque la reforma fiscal en puerta, adopte medidas concretas que fortalezcan el combate en contra de la evasión y el fraude fiscal, pues para que haya defensa efectiva de los derechos de quiénes hoy sí pagan sus impuestos, debe existir tolerancia cero a la impunidad de importantes personas y sectores, lo que genera una grave insuficiencia de recursos fiscales y por ende un gasto público social insuficiente y una mala distribución de la riqueza.
