La eliminación de la obligación de presentar dictámenes o auditoría fiscal puede poner a pensar a los socios de las empresas en contratar a un auditor interno. Desde mi punto de vista, los auditores internos son eficaces en el manejo de la información que repercute directamente en los negocios, ya que pueden detectar las deficiencias de los mismos para no arriesgar sus ganancias, el sueldo de sus empleados o el beneficio de los socios.
Básicamente, la auditoría fiscal es una parte de la labor de investigación y enjuiciamiento que el profesional debe realizar al efectuar la auditoría de los estados financieros de una empresa. Pero no se descarta la posibilidad de que se realice también como actuación independiente, es decir, como una labor con contenido propio, encaminada a fijar las responsabilidades de la empresa frente al fisco.
Podría decirse que la auditoría fiscal es el árbitro entre el cliente y la autoridad (SAT, IMSS e Infonavit), por lo tanto, fiscalmente hablando, el auditor interno tiene un papel primordial en la buena salud de la empresa.
El auditor interno tendría la responsabilidad de adoptar métodos, procedimientos y disposiciones organizativas adoptadas por una empresa para asegurar, en la medida de lo posible, la salvaguarda de los activos, la exactitud y fiabilidad de los registros contables y promover la eficiencia operacional y el seguimiento de las políticas de la dirección.
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