Mercado de Capitales en 2014 – Que afecta la Reformas Fiscales a la Venta de Acciones

C.P. FRANCISCO XAVIER HOYOS HERNÁNDEZ
Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP

El 11 de diciembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva versión de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que, en su
mayoría toma las disposiciones que estuvieron vigentes hasta ese año; incorpora alguna disposiciones que estaban contenidas en otras disposiciones fiscales que fueros abrogadas; modifica regímenes fiscales a ciertos sectores productivos de la economía, y establece un nuevo régimen aplicable a las operaciones que se celebran en el mercado de capitales por medio del sistema financiero.

Esta es la segunda ocasión en la que se establece un régimen específico para las operaciones que celebran las personas físicas y los residentes en el extranjero en el mercado financiero. La primera ocasión fue en 2003, cuando se establece un régimen específico para las operaciones de mercado de dinero, en el que se implantaron, entre otras medidas, una mayor carga administrativa para los integrantes del sistema financiero, al imponer esta ley obligaciones tendientes a efectuar la retención del impuesto sobre el capital invertido, independientemente del resultado que en términos reales se obtuviera, entregar información anual a los inversionistas mediante constancias de ingresos y retenciones, y proporcionar información de los inversionistas a la autoridad fiscal.

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Esa reforma al mercado de dinero ha requerido de una serie de modificaciones constantes desde la fecha en que se efectuó, que incluso motivó la aprobación, en 2010, de un régimen fiscal que modificaba el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados de las inversiones efectuadas, las cuales pretendían considerar la base sujeta a retención en función al devengamiento de los intereses, lo que nunca entró en vigor.

En esta ocasión, el turno fue para las operaciones que efectúan las personas físicas y los residentes en el extranjero en el mercado de capitales. La LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014, establece un régimen particular a las operaciones que se efectúan en el mercado financiero, consistente, entre otros aspectos, en gravar con un impuesto que se considera como definitivo, a las ganancias obtenidas en la enajenación de acciones en mercados reconocidos, cuando dichas acciones han sido colocadas entre el gran público inversionista.

Así, se establece una nueva sección II, De la enajenación de acciones en bolsa de valores”, en el capítulo IV, “Enajenación de bienes”, del título IV, “De las personas físicas”, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esta sección consta de un solo artículo, el 129, en cuyos trece párrafos se establece el procedimiento aplicable para determinar la base gravable, la tasa de impuesto correspondiente y las operaciones a las que se aplicará.

El procedimiento establecido para determinar la base gravable en estas operaciones pareciera muy sencillo, independientemente de lo que implica para los intermediarios financieros su implementación en sus sistemas operativos y administrativos. En efecto, en el caso de venta de acciones, el resultado de la operación se determina restando al precio de venta, disminuido de las comisiones por la enajenación, el costo promedio de adquisición, adicionado con las comisiones pagadas por su adquisición. El costo se actualiza de la fecha de adquisición hasta el mes inmediato anterior a la fecha de enajenación.

Los intermediarios del mercado de valores que intervengan en la enajenación, entregarán a sus clientes, personas físicas, la información correspondiente al resultado obtenido mediante una constancia que deberá contener la información necesaria para determinar el impuesto que corresponda. El impuesto se determinará aplicando la tasa de 10% al resultado que corresponda al total de las operaciones realizadas en el año, por parte de la persona física, considerando tanto las utilidades obtenidas como las pérdidas sufridas.

Este régimen es aplicable siempre que las acciones que se enajenen se hayan adquirido en mercados reconocidos, entendiéndose como tales lo establecido en las Fraccs. I y II del Código Fiscal de la Federación (CFF) y se trate de acciones que se considera como colocadas entre el gran público inversionista. De no cumplir los requisitos antes indicados, el resultado de la enajenación de acciones estaría a lo dispuesto en las demás disposiciones de la ley, lo que llevaría la posibilidad de causar un impuesto a la tasa máxima de 35%, aplicable a personas físicas.

Si bien, como se indicó anteriormente, pareciera un régimen simple, el primer tema que requiere de una disposición específica se refiere a la determinación del costo promedio de adquisición a la fecha de entrada en vigor de la ley. En efecto, hasta el 31 de diciembre de 2013 cualquier operación que se hiciera con acciones consideradas como colocadas entre el gran público inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se encontraba exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR), salvo ciertas excepciones. En consecuencia, el régimen actual debiera reconocer ese hecho.

Por medio de la Fracc. XXXII, del Art. 9 transitorio del decreto que establece la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014, se pretende solucionar el tema, otorgando una opción para determinar el resultado de la enajenación de las acciones, considerando para aquellas acciones adquiridas con anterioridad al 1 de enero del 2014, en lugar del costo de adquisición, el promedio de adquisición que resulte de los últimos veintidós precios de cierre anteriores a dicha fecha. La misma fracción establece que, en caso de que los últimos veintidós precios de cierre antes indicados son inhabituales, en relación con el comportamiento de las acciones de que se trate en los seis meses anteriores respecto del número y volumen de operaciones, así como su valor, se considerarán los valores observados en los últimos hechos de los seis meses anteriores.

Sin embargo, a pesar de lo establecido en las disposiciones antes indicadas, no se consideraron en la ley una serie de situaciones que pueden existir con respecto a acciones que, en términos de la propia ley se consideran colocadas entre el gran público inversionista, que operan en la Bolsa Mexicana de Valores, entre las que se encuentran:

• Acciones adquiridas en mercados reconocidos en años anteriores, por las que la persona física no cuente con documentación que soporte el precio promedio de adquisición.
• Cambios de contrato de custodia y administración de las acciones, con diferentes intermediarios.
• Adquisición de acciones como consecuencia del ejercicio de un plan de acciones por parte de ejecutivos de la sociedad emisora.
• Acciones heredadas o cedidas.
• Acciones recibidas como consecuencia de una capitalización de utilidades por parte de la empresa emisora.
• Acciones adquiridas de la misma emisora pero de diferentes series.

Estas situaciones, así como otras que tienen que ver con disposiciones adicionales contenidas en el propio Art. 129 de la ley, han sido planteadas por parte del gremio financiero nacional ante las autoridades fiscales y financieras, por lo que se esperaba que en la resolución miscelánea fiscal para 2014 se contemplara alguna solución a los cuestionamientos.

Sin embargo, en la resolución miscelánea fiscal para 2014 publicada el 30 de diciembre de 2013, no solo no se atendieron a los planteamientos efectuados, sino que incluso establece lineamientos no contemplados en la propia ley.

En el numeral I.3.2.12 de la Resolución se establece que no se consideran acciones colocadas entre el gran público inversionista, requisito básico para poder aplicar el régimen del 10% de impuesto definitivo sobre la ganancia en su enajenación, a:

• Acciones que no hubieran sido adquiridas mediante oferta pública de venta.
• Acciones adquiridas por socios fundadores o accionistas de la empresa emisora, previo su inscripción en el Registro Nacional de Valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, con independencia que, posteriormente, hubieran sido transmitidas por herencia, legado o donación.

Es decir, pareciera que se pretende que en algunos de los hechos planteados no es posible aplicar el régimen de 10% sobre la ganancia en venta de acciones, como es el caso de la adquisición de acciones por medio de un plan de acciones, y no soluciona las transmisiones de acciones por herencia cuando las mismas no pertenecieron a los accionistas originales de la sociedad emisora.

El tema adicional estriba en el hecho que el intermediario financiero es quien debe contar con toda la información necesaria para determinar el resultado de la enajenación de acciones, información que por las mismas características de un mercado de capitales no es de fácil dominio y obtención.

Es evidente que, tratándose de acciones que incrementaron su valor desde la fecha de adquisición al 31 de diciembre de 2013, la elección sea sencilla y se aplique el promedio de los últimos veintidós precios de cierre.

Sin embargo, en el caso de operaciones inhabituales, obtener el promedio de los seis meses anteriores, con independencia de que la miscelánea establezca que el promedio lo proporcione un proveedor de precios, implica para los intermediarios la identificación de aquellas acciones de emisoras por las que durante diciembre de 2013 hubieran efectuado una oferta pública de compra de acciones, una oferta pública mixta, o algún cruce protegido.

Además, no ha sido determinado por las autoridades fiscales, algún método que permita a los intermediarios considerar un costo de adquisición distinto a los indicados en los dos párrafos previos, costo que desde luego deberá ser proporcionado por el enajenante de las acciones, lo cual los coloca en una situación de inseguridad jurídica, ya que con la información que proporcionen en la constancia, la persona física determinará el impuesto a cubrir, lo que implica asumir responsabilidades que, en principio, no les corresponde.

Esperamos que a la brevedad posible en la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2014, se emitan disposiciones que permitan cumplir con las obligaciones adicionales que se han impuesto a los intermediarios financieros en la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014.

Fuente: IMCP

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